ASÍ MURIÓ EL FEDERALISMO

Por Meir Zylberberg

La coparticipación federal impositiva formó parte del programa de reformas fiscales y monetarias que en la década del 30 dejó sin efecto el sistema rentístico y económico de la Constitución Nacional de 1853/60.

La idea del reparto del botín impositivo entre las autoridades nacionales y las provinciales vino ligada con el primer proyecto modificatorio del impuesto de emergencia a los réditos, en 1932.

El así llamado “Impuesto de Emergencia a los Réditos” fue introducido, el 19 de enero de 1932 por Decreto-Ley del gobierno militar “de facto” presidido por el Gral. José Félix Uriburu.

Los impuestos internos a los réditos y a las ventas constituyeron los gravámenes federales, precursores del nuevo régimen rentístico anticonstitucional que adoptaba la Argentina desde esa época.

Establecidos los controles cambiarios a fines de 1931 y con la paulatina desaparición del libre cambio en la Argentina, la decadencia y la constitución totalitaria—de hecho—estaban ya en marcha.

Gral. José Félix Uriburu

Encaminados hacia la autarquía, los ingresos del Tesoro Nacional no podían seguir dependiendo exclusivamente de los recursos externos, producto de derechos a la importación y exportación y de la venta y locación de tierras de propiedad nacional.

Lo curioso es que el 20 de enero de 1932 ya se reunía el Congreso Nacional, en sesiones extraordinarias y el 20 de febrero asumía el electo Poder Ejecutivo Nacional.

La premura no respondía a una mera casualidad. Se trataba de una estrategia urdida por los elementos estatistas, capitaneados por el Dr. Raúl Prebish, muy activos dentro del Ministerio de Hacienda del entonces gobierno ‘de facto’.

El impuesto a las rentas, como tributo federal, había sido en forma sistemática rechazado, hasta la Revolución de 1930, por la Cámara de Senadores de la Nación. La maniobra consistió, pues, en presentarlo al nuevo Congreso, como un hecho consumado. La excusa que se le expuso al, no muy convencido, Gral. Uriburu era que debía entregar el poder con el presupuesto de la Nación equilibrado.

De esta manera, el 10 de mayo de 1932, la Comisión Especial de Presupuesto y Hacienda del Senado despachó favorablemente el proyecto de ley, en revisión, sancionado por la H. Cámara de Diputados, sobre los ‘Impuestos de Emergencia a los Réditos‘.

El artículo 1° del proyecto de ley modificatorio contenía dos partes: la primera confirmaba el Impuesto de Emergencia Nacional a los Réditos de fuente argentina, a partir del 1° de enero de 1932.

Lo fijaba por el término de tres años a partir de esa fecha; la segunda—nueva—referente al reparto (la después llamada coparticipación), significaba un claro anticipo de las verdaderas intenciones del grupo de nacional socialistas inspiradores del proyecto: Perpetuar el impuesto.

Estipulaba que “una futura ley determinaría cómo se iba a repartir el producido del impuesto entre la Nación y las Provincias, a contar del 1º de enero de 1934. De lo contrario, el Impuesto a los Réditos caducaría en forma automática”.

Raúl Prebisch

El debate del 14 de mayo de 1932

El Senado de la Nación se componía, en esa época de treinta miembros. Veintiocho por las 14 provincias y dos por la Capital federal.

Toda la Patagonia, La Pampa, Chaco, Formosa y Misiones carecían de voz y voto. Estaban regidas por normas atinentes a los territorios nacionales.

La mayoría oficialista de la Cámara se integraba por una conjunción de partidos conservadores y radicales antipersonalistas. Dos socialistas por la capital y dos demócratas progresistas santafesinos formaban el arco opositor. La extracción partidaria poco tuvo que ver con la opinión de los legisladores en este debate.

Los temas controvertidos giraron alrededor de los siguientes puntos:

1) Si el Impuesto a los Réditos era aplicable en todo el país;

2) El porvenir de las autonomías provinciales frente al gravamen;

3) Los propósitos encubiertos en la coparticipación;

4) Si estaban cumplidos los recaudos constitucionales para poder sancionar un tributo transitorio de estas características.

Benjamín Villafañe (Jujuy) y Raúl Ceballos Reyes (La Rioja) predijeron, con razón, el fracaso de la ley, tanto en sus provincias como en todo el Noroeste argentino.

Para Villafañe se trataba de una “ley suicida”, una plaga como la langosta que en esos días azotaba a Jujuy y amenazaba con “devorar hasta las piedras”.

El nuevo tributo se superponía con las vigentes contribuciones territoriales, de orden local, y los impuestos internos que cobraba la Nación. No hay dinero—insistía Villafañe— para pagar el canon de riego, menos habrá para solventar esta complicada carga.

Ceballos Reyes señalaba que en el Noroeste “apenas si se conoce la moneda argentina. El comercio se realiza con cueros de cabrito, mantas de vicuña y otros enseres en pago de servicios”.

La idea de la inconstitucionalidad del impuesto a los réditos era unánime: corrompe en sus bases las autonomías financieras de las provincias. No obstante, la Cámara Alta se dividió en dos grupos. Uno, muy influyente, sostenía que la grave crisis que atravesaba la Nación hacía imposible aferrarse en forma estricta a los preceptos constitucionales.

El otro entendía que “la posibilidad que el voto adverso desequilibre el presupuesto no debe ser motivo para aprobar una clase de impuesto que sufrirá en su aplicación los inconvenientes de la inconstitucionalidad” (Guillermo Rothe – Córdoba).

A la vez, este mismo legislador sostenía que “si votamos hoy el impuesto a las rentas, tendremos para el año que viene mayores recursos y mayores gastos, con el agravamiento de todas las dificultades económicas del país. En cambio, si no votamos este impuesto, el Poder Ejecutivo se apresurará a proponer medidas que permitan equilibrar el presupuesto y evitar los inconvenientes del impuesto a los réditos”.

Atanasio Eguiguren (Entre Ríos) y José Nicolás Matienzo (Tucumán) hicieron oír con argumentos irrefutables, los principios fundamentales por los que se rige nuestro Derecho Fiscal.

Según Matienzo: “En la República Argentina no existen contribuciones a medias. O son privativos de la Nación o corresponde que los usufructúen las provincias”.

Los impuestos que no están previstos en la Constitución no se pueden instituir. “Menos aún, porque en virtud del artículo 104, todas las facultades no delegadas a la Nación son de resorte provincial”.

En asuntos tributarios la Constitución es taxativa.

El artículo 4° dice: “El Gobierno Federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro Nacional formado por los derechos de importación y exportación, de la venta o locación de tierras de propiedad nacional; de la renta de correos; de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación o para empresas de utilidad nacional”.

Esto estaba confirmado por el artículo 67, inciso 2°, que establecía que correspondía al Congreso: “Imponer contribuciones directas proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan”.

Al no admitir la Constitución coparticipaciones, ni estando reunidos los tres recaudos para establecer tributos extraordinarios, no cabía otro camino que el voto negativo.

José Nicolás Matienzo

Para ilustrar a la Cámara, el senador Galíndez leyó una carta del gobernador de Entre Ríos doctor Etchevehere a su colega de Santa Fe, doctor Molinas, cuyos términos conservan plena actualidad:

“La situación de subordinación excesiva que generan las compensaciones en el curso deprimente de los subsidios, arruina el concepto de la personalidad política de los Estados Federales y nos aproxima cada día más al centralismo gubernamental que no es el de la Constitución…Hemos hecho del gobierno central un organismo excesivamente poderoso, factor principal de las perturbaciones que soporta la Nación”.

El trámite de la votación, en general, tuvo tintes dramáticos. Alberto Hueyo, ministro de Hacienda amenazaba con renunciar antes que dejar de cumplir con los compromisos de la Nación, tener que cerrar el presupuesto con déficit o ir a la devaluación.

Carlos Serrey (Salta), quien pensaba votar “silenciosamente en contra del proyecto” resolvió “sacrificar su honradez intelectual”. Consideraba que ningún senador de las provincias puede aceptar la coparticipación impositiva, porque eso significa perpetuar impuestos previstos para ser transitorios.

Propuso como enmienda, se suprima la cláusula de reparto y se agregue que el gravamen a los réditos “caducará el 31 de diciembre de 1934”. Finalizado el debate y en respuesta al pedido del senador socialista por la Capital Federal, Dr. Mario Bravo, la votación fue nominal.

De los senadores presentes, 16 lo hicieron por la afirmativa: Carlos Serrey(Salta), Robustiano Patrón Costas (Salta), Matías Sánchez Sorondo (Buenos Aires), Antonio Santamarina (Buenos Aires), Ramón S. Castillo (Catamarca), Mariano P. Cevallos (Córdoba), Juan José Lubary (Corrientes), Juan Manuel Vidal (Corrientes), Pío Montenegro (Santiago del Estero), Lucio López Peña (Tucumán), Cruz Vera (Mendoza), Mario Arenas (Mendoza), Mario Arancibia Rodríguez (San Luis), Adofo Rodríguez Saá (San Luis), Francisco R. Galíndez (Catamarca), Rudesindo Campos (Jujuy).

Por la negativa votaron 7: Los senadores Alfredo L. Palacios (Capital Federal), Raúl Ceballos Reyes(La Rioja), José Nicolás Matienzo(Tucumán), Atanasio Eguiguren(Entre Ríos), Eduardo Laurencena(Entre Ríos), Mario Bravo(Capital Federal) y Guillermo Rothe(Córdoba).

Al Impuesto de Emergencia a los Réditos que iba a caducar el 31 de diciembre de 1934, corregido y aumentado muchas veces, hoy en 2008, se lo llama “a las Ganancias”. La coparticipación, rechazada en 1932, para no convertir a “la Constitución en libro muerto” (Serrey), fue introducida, sin mayor discusión, justo el día que presuntamente iba a caducar el Impuesto de Emergencia a los réditos.

“Vamos hacia el centralismo, el unitarismo, la dictadura financiera”: con estas palabras, el 29 de enero de 1935, definía, con acierto, el constitucionalista y senador tucumano, José Nicolás Matienzo, el rumbo que tomaba el gobierno nacional, en aquella época. Esta declaración valía tanto para la prórroga por diez años del Impuesto a los Réditos y el Régimen de Reparto Impositivo, como para el entonces proyectado Banco Central de la República Argentina.

Alfredo Palacios

Transcurridos los primeros tres años se puso al descubierto la parodia de la transitoriedad.

El impuesto de “Emergencia” pasó a llamarse “Impuesto a los Réditos”, a secas. Montado el complejo organismo recaudador e instaurado el miedo, ya no había retorno. Los intereses creados de los sectores profesionales hicieron que la continuidad centralista, totalitaria, no detuviera su marcha. En la historia de las dos sesiones del Senado, quizás sea digno mencionar algunas curiosidades.

En el debate del 14 de mayo de 1932, en el que se discutió la validez constitucional del Impuesto a los Réditos, hicieron uso de la palabra más de la mitad de los miembros de la Cámara. Unos a favor y otros en contra. Participó el Ministro de Hacienda. El tema ocupó 30 páginas del Diario de Sesiones.

En la sesión del Senado de la Nación del 28 de diciembre de 1934, que dispuso su prórroga por10 años y el establecimiento del Régimen de Reparto, ya no intervinieron más que 2 oradores: Rudesindo S. Campos, representante por Jujuy, miembro informante de la mayoría y el entrerriano Atanasio Eguiguren, fundando su voto negativo. Fueron tres páginas incompletas las que le dedicó el Diario de Sesiones para registrar la breve discusión.

El Dr. Federico Pinedo tan afecto a las arengas parlamentarias, ya ministro de Hacienda, desde 1933, consideró intrascendente concurrir al recinto. Dieron por resuelto el asunto y cerrado el debate. El silencio, en materia de lucha por ideas y principios, se hizo luego tan largo como la decadencia argentina.

El principal argumento de R. S. Campos, quien junto a R. Patrón Costas y F. R. Galíndez, firmaron el despacho que aconsejaba la sanción, consistió “que la prórroga se debía a que la situación financiera, en general, con ligeras variantes, era casi la misma que tuvo el país en el año 1932”.

Pocos días más tarde el mismo Poder Ejecutivo, autor del proyecto, se ocupó de desmentir a su vocero en la Cámara de Senadores.

El 19 de enero de 1935, en el mensaje que acompañó al proyecto de creación del Banco Central de la República Argentina, se afirma todo lo contrario. Dice el Mensaje: “Traspuestas las dificultades apremiantes que el Poder Ejecutivo debió acometer con sus conocidas medidas de emergencia, ha llegado la oportunidad de proseguir el plan de acción económica que el Gobierno se ha trazado, llevando adelante el vasto programa de reconstrucción financiera y monetaria contemplada en los proyectos anexos”.

El texto de este Mensaje con este párrafos que se asemejan a un libreto de bu óperafa. Festeja, en cierto modo, el triunfo de la burla a la ciudadanía toda. Dice más adelante:”fortalecida la situación del erario público, y reiniciado el recaída de los negocios privados, puede pensarse en la realización de serias reformas que antes de esos hechos hechos quizás hubiera sido prematuro”.

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